Vista desde las democracias vecinas, la figura grotesca del condotiero Berlusconi ofrece un flanco perfecto para el ataque mediático dirigido al consumo interno. Frente a aquél secuestro de la democracia por el magnate de los mass media italianos, investido de capo de gobierno, este sistema se antoja el paraíso del “cuarto poder” autónomo.
Pero, ¿ que tiene de peculiar el conglomerado de poder mediático – político que gobierna Italia, que tanto escandaliza a los teóricos latinos de la Península Ibérica?
Veamos. Berlusconi aparece como el dueño de los principales medios de comunicación italianos – con los canales televisivos de máxima audiencia a la cabeza, narcotizando a la masa con fútbol y salsa rosa, -, que alcanza la presidencia del gobierno en elecciones supuestamente libres y plurales. Como no está obligado a renunciar a la dirección de su negocio, controla a los medios que debieran criticar objetivamente su gestión política y dar voz a los partidos de la oposición. La perversión absoluta de la democracia está servida: el gobierno domina descaradamente todos los instrumentos de formación de la opinión pública ( y no sólo a la televisión estatal, exceso comúnmente admitido como un mal menor insuperable) y dinamita los contrapoderes sobre los que se sostiene el sistema político liberal representativo.
Sin pluralismo informativo no hay democracia y el colmo de la uniformidad es la concentración de los medios en manos del presidente del gobierno. Ahora bien, ninguno de los expertos alarmados que escriben en los periódicos o pontifican en las tertulias se atreve a hablar abiertamente de dictadura. Como máximo, de democracia degenerada, perversión del sistema, modelo a la italiana, o expresiones similares. Recordemos que las empresas de Berlusconi tienen importantes ramificaciones y sucursales en castellano y no conviene enfadar demasiado al patrón, porque si en tiempos de prosperidad el puesto de trabajo vale demasiado, en época de crisis no son admisibles los excesos poco medidos.
Ciertamente, no se recuerda un caso con características externas idénticas al del golpe berlusconiano, pues la regla general es que los jefes del tinglado actúen por persona interpuesta (hombre de paja, testaferro, periodista empleado etc.), sin perjuicio de las grandes concomitancias que se observan con otros casos como el de los presidentes hereditarios de la familia Bush, accionistas privilegiados de descomunales negocios petroleros con derivaciones mediáticas confesables u ocultas.
Pero reconociendo el lado grosero de una actuación a cara descubierta, quizá propia de un modo ser “a la italiana”, con sus repelencias estéticas añadidas, la cuestión de fondo se centra en buscar las diferencias sustanciales de este caso particular con la regla general, que cabría formular de esta manera: los partidos políticos que representan la alternancia en las democracias occidentales y, por consiguiente, los líderes respectivos que alcanzan las jefaturas de gobierno, son rehenes de los grupos económicos que sostienen su estado de campaña permanente.
Si esta regla no admite excepciones en democracia – y la carga de la refutación recae sobre los defensores del sistema, generalmente incluidos en alguna de estas dos categorías: empleados asalariados de los entramados mediáticos con funciones de portavocía y funcionarios públicos, generalmente universitarios, con sueldos adicionales de algún chiringuito satélite del poder económico en sus diversas manifestaciones -, entonces, ¿dónde radica la gran diferencia entre el zafio, desvergonzado y repelente Berlusconi y nuestros presidentes de diseño?
Acerquémonos, por un momento, a Asturies. La comunicación audiovisual se concentra en medios públicos, con estructura, funcionamiento y objetivos ajenos al concepto material de pluralismo informativo y la prensa escrita se escora hacia un medio dominante a cuya financiación contribuye sustancialmente la publicidad institucional y la producción de programas por encargo de la televisión del enfático Principado de Asturias, con dos pequeños competidores aún más pillados por el dinero público.
¿ Dónde hay que localizar en este pequeño país los rasgos propios de la democracia liberal representativa, si además de lo expuesto, el principal partido de la oposición parece disfrutar con su papel de eterna alternancia subsidiada?
No nos extraña que la moda actual sea colocar como funcionarios eventuales al servicio del Gobierno a periodistas de ese medio dominante, en el papel de jefes de comunicación oficial de consejeros y consejeras, en un ejercicio de “puertas giratorias” de paso de la política al periodismo y del periodismo a la política escasamente respetuoso con esa deontología profesional que tanto gusta invocar a los teóricos pomposos de la prensa libre e independiente.
Los asturianos no tenemos a un Berlusconi recauchutado, estirado y procaz al frente del Gobierno, pero vivimos en el reino de Berlusconia, con los premios Príncipe de guinda del pastel.
lunes 29 de septiembre de 2008
martes 22 de julio de 2008
La represión (I)
Un Estado en el que el número de presos aumenta en un 60 por ciento en apenas ocho años merece incluirse entre los campeones de la represión. Ciertamente, el concepto de Estado represor resulta redundante, porque su característica definitoria es el monopolio de la violencia, pero el grado y variedad de la acción opresora, el refinamiento de los medios y el número declarado de víctimas, permite confeccionar un ranking de la infamia institucional.
España tenía 45.104 presos en el año 2000 y ocho años después las cárceles del Estado hacinan a 71.114 seres humanos privados de libertad, lo que da buena cuenta del uso progresivo de la represión como ariete de contención social.
Cualquier Estado represor, por lo que hablamos de cualquier Estado, necesita de agentes especializados en la dura disuasión: la justicia, la policía y otras clases de funcionarios se han ocupado tradicionalmente de contener y amordazar a los desviados. El Estado capitalista de consumo masivo mantiene en sus puestos a los especialistas en el uso de la porra, pero hace tiempo que ha desplegado con éxito otros métodos más sofisticados para atemorizar a sus consumidores, reservando a los cuerpos especializados para los golpes de efecto de difusión general.
Ahora el objetivo es amedrentar a toda la sociedad, sin excepciones, utilizando para ello las diferentes formas de entretenimiento masivo. La televisión, el cine, los videojuegos, son los cauces que utiliza hoy el poder para extender y expandir los miedos y amenazas represoras de la época: todos los productos culturales de la multimillonaria empresa de la realidad virtual advierten al homo videns sobre la necesidad imperiosa de ser correcto, ofreciendo una descarnada panoplia de los sufrimientos y desgracias que esperan indefectiblemente al sujeto díscolo, entre las que destacan por su fuerza paralizante la ominosa tortura y la muerte cruel ( en este escenario las series policíacas constituyen el discurso narrativo de mayor éxito)
La represión difusa es hoy la reina y señorea las vidas de los atribulados consumidores, que conocen por los medios de difusión de masas los peligros exteriores que les acechan, en montañas lejanas, en desiertos desolados o viajando en pateras, todos ellos incomparablemente peores al envenenamiento alimentario en serie, a la explotación laboral generalizada, a la corrosión de la vida cotidiana o a la degradación planificada de la salud por la contaminación industrial que infla los bolsillos de la élite económica de la democracia.
La represión difusa manda señales permanentes de amenaza al ciudadano: frente a la democracia imperfecta de la que goza, cualquier pretensión de mínima rebelión, cualquier disidencia, el simple acto de levantar la voz, traerá siempre consecuencias desagradables, por lo que más vale callar y comprar. El presupuesto de esta represión difusa, que se respira como el aire y pasa inadvertida como el veneno sutilmente dosificado, ha sido la fusión perfecta entre el Estado y la economía: hoy no existe diferencia alguna entre el poder público y el poder económico, pues los dos se confunden y sirven al mismo amo.
En esta unión tan estrecha, el Estado – patrón domina las conciencias mediante el gran negocio de los medios de comunicación de masas, que ha desplazado a la escuela y a la fábrica como instrumento dominante de reproducción del orden social establecido. La televisión, el cine, los videojuegos, publicitan sin cesar la basura que produce el sistema para consumo humano.
Los amos de los mass media son los mismos dueños de los grandes negocios (banqueros, constructores, fabricantes de vehículos etc.), por lo que en realidad se anuncian a sí mismos, es decir, a sus productos basura: comida degradada, electrodomésticos obsoletos, coches contaminantes, viajes a ninguna parte, apartamentos en la costa...En este contexto, la información siempre va dirigida en la dirección de estimular el incremento del consumo y todas las catástrofes, especialmente las anímicas, se asocian a estados de anemia consumista.
Los represaliados singulares que conocemos con nombre y apellidos, como también los más de 70.000 presos que atestan las cárceles españolas, son la punta del iceberg en un sistema de represión masiva de carácter difuso, sustentado en el acoso institucional sistemático, susceptible de clasificación en series: laboral, clasista, inmobiliario, racista, lingüística, mediática, económica, administrativa etc.
Muchos reprimidos actúan también como represores, dentro de un sistema que induce descargar la frustración personal mediante actos violentos hacia grupos o personas en situación más débil: mujeres, inmigrantes, niños...
Me llega la noticia de que la Administración asturiana ha abierto expedientes disciplinarios a varios educadores por denunciar públicamente el incumplimiento sistemático de la legislación de protección de los menores en los centros de acogida. Nuevos nombres para la máquina de fabricar miedo. Si les aplican un esparadrapo en la boca, ¿ alguien dirá algo?
Quién calla otorga y aquí no valen las escusas.
España tenía 45.104 presos en el año 2000 y ocho años después las cárceles del Estado hacinan a 71.114 seres humanos privados de libertad, lo que da buena cuenta del uso progresivo de la represión como ariete de contención social.
Cualquier Estado represor, por lo que hablamos de cualquier Estado, necesita de agentes especializados en la dura disuasión: la justicia, la policía y otras clases de funcionarios se han ocupado tradicionalmente de contener y amordazar a los desviados. El Estado capitalista de consumo masivo mantiene en sus puestos a los especialistas en el uso de la porra, pero hace tiempo que ha desplegado con éxito otros métodos más sofisticados para atemorizar a sus consumidores, reservando a los cuerpos especializados para los golpes de efecto de difusión general.
Ahora el objetivo es amedrentar a toda la sociedad, sin excepciones, utilizando para ello las diferentes formas de entretenimiento masivo. La televisión, el cine, los videojuegos, son los cauces que utiliza hoy el poder para extender y expandir los miedos y amenazas represoras de la época: todos los productos culturales de la multimillonaria empresa de la realidad virtual advierten al homo videns sobre la necesidad imperiosa de ser correcto, ofreciendo una descarnada panoplia de los sufrimientos y desgracias que esperan indefectiblemente al sujeto díscolo, entre las que destacan por su fuerza paralizante la ominosa tortura y la muerte cruel ( en este escenario las series policíacas constituyen el discurso narrativo de mayor éxito)
La represión difusa es hoy la reina y señorea las vidas de los atribulados consumidores, que conocen por los medios de difusión de masas los peligros exteriores que les acechan, en montañas lejanas, en desiertos desolados o viajando en pateras, todos ellos incomparablemente peores al envenenamiento alimentario en serie, a la explotación laboral generalizada, a la corrosión de la vida cotidiana o a la degradación planificada de la salud por la contaminación industrial que infla los bolsillos de la élite económica de la democracia.
La represión difusa manda señales permanentes de amenaza al ciudadano: frente a la democracia imperfecta de la que goza, cualquier pretensión de mínima rebelión, cualquier disidencia, el simple acto de levantar la voz, traerá siempre consecuencias desagradables, por lo que más vale callar y comprar. El presupuesto de esta represión difusa, que se respira como el aire y pasa inadvertida como el veneno sutilmente dosificado, ha sido la fusión perfecta entre el Estado y la economía: hoy no existe diferencia alguna entre el poder público y el poder económico, pues los dos se confunden y sirven al mismo amo.
En esta unión tan estrecha, el Estado – patrón domina las conciencias mediante el gran negocio de los medios de comunicación de masas, que ha desplazado a la escuela y a la fábrica como instrumento dominante de reproducción del orden social establecido. La televisión, el cine, los videojuegos, publicitan sin cesar la basura que produce el sistema para consumo humano.
Los amos de los mass media son los mismos dueños de los grandes negocios (banqueros, constructores, fabricantes de vehículos etc.), por lo que en realidad se anuncian a sí mismos, es decir, a sus productos basura: comida degradada, electrodomésticos obsoletos, coches contaminantes, viajes a ninguna parte, apartamentos en la costa...En este contexto, la información siempre va dirigida en la dirección de estimular el incremento del consumo y todas las catástrofes, especialmente las anímicas, se asocian a estados de anemia consumista.
Los represaliados singulares que conocemos con nombre y apellidos, como también los más de 70.000 presos que atestan las cárceles españolas, son la punta del iceberg en un sistema de represión masiva de carácter difuso, sustentado en el acoso institucional sistemático, susceptible de clasificación en series: laboral, clasista, inmobiliario, racista, lingüística, mediática, económica, administrativa etc.
Muchos reprimidos actúan también como represores, dentro de un sistema que induce descargar la frustración personal mediante actos violentos hacia grupos o personas en situación más débil: mujeres, inmigrantes, niños...
Me llega la noticia de que la Administración asturiana ha abierto expedientes disciplinarios a varios educadores por denunciar públicamente el incumplimiento sistemático de la legislación de protección de los menores en los centros de acogida. Nuevos nombres para la máquina de fabricar miedo. Si les aplican un esparadrapo en la boca, ¿ alguien dirá algo?
Quién calla otorga y aquí no valen las escusas.
domingo 1 de junio de 2008
Hinchazón y estallido de la burbuja
En la década de los 90 promotores y constructores inmobiliarios asociados se encargaron de propalar hasta la extenuación la urgencia de “liberalizar el suelo” para aumentar la oferta de vivienda y rebajar los precios de venta. Su argumento era el siguiente: los planes de ordenación urbana limitan sin justificación alguna la superficie de suelo urbanizable, de tal manera que provocan una escasez del suelo disponible para la edificación de viviendas en relación con la demanda que, a su vez, ocasiona el incremento de precios y la insuficiencia de viviendas a precios asequibles. La solución ofrecida por los negociantes multimillonarios era muy sencilla: la regla general debía ser que todo el suelo – salvo excepciones – se clasificase en los planes de ordenación como suelo urbanizable y, por tanto, edificable, con el fin de que el incremento de la oferta redujera el precio del suelo y, finalmente, la repercusión del mismo sobre el coste de los pisos, abaratando los precios de venta.
La aparente lógica de una solución tan simple como la ofrecida por todos estos tunantes, envueltos en la bandera pirata del sentido común, llevaba encerrado un agresivo tigre, porque – como los promotores y constructores conocen perfectamente – los disparatados precios de la vivienda no eran consecuencia de la falta de suelo urbanizable sino de otros factores, sobre los que nos extenderemos en la próxima entrada.
Pero el gobierno derechista de mister Aznar & company S.A. asumió el falaz planteamiento y “liberalizó el suelo” por ley. La Ley del Suelo de 1.998 considera apto para urbanizar todo el suelo que no tenga la condición de no urbanizable – el no urbanizable pasa a ser una categoría residual limitada a aquél en el que concurran valores naturales, paisajísticos, históricos etc. que requieran protección - . La ley elimina la programación del suelo en los planes generales, hasta entonces vigente, que comportaba la obligación de establecer programas cuatrienales a través de los cuales el suelo disponible se iba incorporando progresivamente al proceso urbanizador, atendiendo a las necesidades existentes, bajo el control de la Administración Pública, permitiendo en su lugar urbanizar de golpe en cualquier parte del territorio, allí donde quiera el promotor.
Con la Ley del Suelo de 1.998 desaparecen los programas cuatrienales de los planes generales de ordenación urbana y se pasa de un régimen de urbanización programada para la edificación parcial, sucesiva y ordenada del suelo, dirigido por los poderes públicos, a un sistema de urbanización que permite la construcción en cualquier zona urbanizable, dirigido ahora por los especuladores privados.
Los grupos de presión inmobiliarios acusaban al modelo de programación del suelo de convertir a los poderes públicos en especuladores, porque eran ellos los que decidían a través de la aprobación de los programas cuatrienales, la cantidad de suelo que se urbanizaba y el ritmo al que debía hacerse. A partir de la vigencia de la ley de 1.998, esta decisión queda en manos de los especuladores privados, que serán lo que ordenen dónde, cuándo y cuánto se debe construir. El primer efecto de la liberalización del suelo fue la concentración de millones de hectáreas de suelo urbanizable en manos de los grandes grupos bancarios, hecho que se documenta de forma exhaustiva en varios informes de reconocidos expertos en la materia (reconocimiento que les otorgan los propios poderes especuladores, por lo que sus datos no parecen discutibles) y que nos exonera de la carga de la prueba.
Por tanto, la liberalización del suelo promovida por los prebostes de la construcción y amparada legalmente por el Gobierno del Estado ha supuesto “de facto” una privatización absoluta de la política urbanística del país, pues serán los grandes grupos de poder económico los que determinen el desarrollo de la ocupación del territorio.
Pero, además, el pronóstico de los promotores y constructores resultó falso, pues el incremento disparatado de la oferta de viviendas en el mercado, derivada de esa panacea tramposa llamada “liberalización del suelo”, no sólo no abarató los precios de la vivienda, sino que estos continuaron creciendo a la vez que se inundaba el mercado de pisos. Mientras tanto, los jóvenes y quienes no dispone de una nivel de renta suficiente para la compra de vivienda a precios de mercado, continuaban sufriendo las consecuencias de esta dictadura inmobiliaria, lo que demuestra que el precio de los pisos no depende principalmente de la cantidad de suelo disponible.
Finalmente, el proceso desbocado y sin control de la construcción masiva y desprogramada, tolerado y amparado por los poderes públicos, que han sacado tajada de la recaudación por licencias y otras exacciones menos confesables, ha conducido al negro abismo que hay detrás del estallido de la burbuja por sobreproducción: la oferta inmobiliaria supera ampliamente a la demanda, se ha creado una economía ficticia basada en el incesante crecimiento del parque inmobiliario, cuya viabilidad exige compradores que ya no existen, pues la demanda tiene también su límite. Se ha urbanizado y construido en muchas zonas del territorio para una población demandante de vivienda que no aparece y los inversores y blanqueadores de dinero tampoco pueden ya con todo.
La cadena financiera se resquebraja pues si los promotores no venden, la devolución de los préstamos bancarios se complica y para los bancos los terrenos y los pisos vacíos no aportan liquidez.
Ahora, los que hicieron enormes fortunas personales con el negocio del ladrillo, cuando ven peligrar la viabilidad económica de sus empresas – que no de su patrimonio personal, perfectamente a salvo -, advierten que hay que parar la máquina y piden ayuda al Estado, al objeto de que financie sus promociones vía subsidios y subvenciones, calificándolas en algún régimen de protección.
Los empresarios – políticos, los enemigos de lo público, los vilipendiadores de la programación urbanística, exigen a los políticos- empresarios que les salven de la crisis con el dinero de los tributos pagados por todos los ciudadanos.
El eficiente contable Solbes ha dicho, según la prensa, que son ellos los que deben afrontar el problema desacelerando sus negocios y que no hay dinero público para tapar el enorme agujero. Serían palabras sensatas sino fuera porque los negociantes cuentan con todos los ases en su mano en esta partida: todo lo hicieron con el consentimiento de la clase política, que presumía de un crecimiento económico sin precedentes, sólido como el cemento y el hormigón y, además, pusieron una parte del beneficio – por encima y por debajo de la mesa - para sostener al gran aparato político- mediático de la democracia representativa.
Ahora toca devolver el favor. ¡ A pagar !
Continuará.
La aparente lógica de una solución tan simple como la ofrecida por todos estos tunantes, envueltos en la bandera pirata del sentido común, llevaba encerrado un agresivo tigre, porque – como los promotores y constructores conocen perfectamente – los disparatados precios de la vivienda no eran consecuencia de la falta de suelo urbanizable sino de otros factores, sobre los que nos extenderemos en la próxima entrada.
Pero el gobierno derechista de mister Aznar & company S.A. asumió el falaz planteamiento y “liberalizó el suelo” por ley. La Ley del Suelo de 1.998 considera apto para urbanizar todo el suelo que no tenga la condición de no urbanizable – el no urbanizable pasa a ser una categoría residual limitada a aquél en el que concurran valores naturales, paisajísticos, históricos etc. que requieran protección - . La ley elimina la programación del suelo en los planes generales, hasta entonces vigente, que comportaba la obligación de establecer programas cuatrienales a través de los cuales el suelo disponible se iba incorporando progresivamente al proceso urbanizador, atendiendo a las necesidades existentes, bajo el control de la Administración Pública, permitiendo en su lugar urbanizar de golpe en cualquier parte del territorio, allí donde quiera el promotor.
Con la Ley del Suelo de 1.998 desaparecen los programas cuatrienales de los planes generales de ordenación urbana y se pasa de un régimen de urbanización programada para la edificación parcial, sucesiva y ordenada del suelo, dirigido por los poderes públicos, a un sistema de urbanización que permite la construcción en cualquier zona urbanizable, dirigido ahora por los especuladores privados.
Los grupos de presión inmobiliarios acusaban al modelo de programación del suelo de convertir a los poderes públicos en especuladores, porque eran ellos los que decidían a través de la aprobación de los programas cuatrienales, la cantidad de suelo que se urbanizaba y el ritmo al que debía hacerse. A partir de la vigencia de la ley de 1.998, esta decisión queda en manos de los especuladores privados, que serán lo que ordenen dónde, cuándo y cuánto se debe construir. El primer efecto de la liberalización del suelo fue la concentración de millones de hectáreas de suelo urbanizable en manos de los grandes grupos bancarios, hecho que se documenta de forma exhaustiva en varios informes de reconocidos expertos en la materia (reconocimiento que les otorgan los propios poderes especuladores, por lo que sus datos no parecen discutibles) y que nos exonera de la carga de la prueba.
Por tanto, la liberalización del suelo promovida por los prebostes de la construcción y amparada legalmente por el Gobierno del Estado ha supuesto “de facto” una privatización absoluta de la política urbanística del país, pues serán los grandes grupos de poder económico los que determinen el desarrollo de la ocupación del territorio.
Pero, además, el pronóstico de los promotores y constructores resultó falso, pues el incremento disparatado de la oferta de viviendas en el mercado, derivada de esa panacea tramposa llamada “liberalización del suelo”, no sólo no abarató los precios de la vivienda, sino que estos continuaron creciendo a la vez que se inundaba el mercado de pisos. Mientras tanto, los jóvenes y quienes no dispone de una nivel de renta suficiente para la compra de vivienda a precios de mercado, continuaban sufriendo las consecuencias de esta dictadura inmobiliaria, lo que demuestra que el precio de los pisos no depende principalmente de la cantidad de suelo disponible.
Finalmente, el proceso desbocado y sin control de la construcción masiva y desprogramada, tolerado y amparado por los poderes públicos, que han sacado tajada de la recaudación por licencias y otras exacciones menos confesables, ha conducido al negro abismo que hay detrás del estallido de la burbuja por sobreproducción: la oferta inmobiliaria supera ampliamente a la demanda, se ha creado una economía ficticia basada en el incesante crecimiento del parque inmobiliario, cuya viabilidad exige compradores que ya no existen, pues la demanda tiene también su límite. Se ha urbanizado y construido en muchas zonas del territorio para una población demandante de vivienda que no aparece y los inversores y blanqueadores de dinero tampoco pueden ya con todo.
La cadena financiera se resquebraja pues si los promotores no venden, la devolución de los préstamos bancarios se complica y para los bancos los terrenos y los pisos vacíos no aportan liquidez.
Ahora, los que hicieron enormes fortunas personales con el negocio del ladrillo, cuando ven peligrar la viabilidad económica de sus empresas – que no de su patrimonio personal, perfectamente a salvo -, advierten que hay que parar la máquina y piden ayuda al Estado, al objeto de que financie sus promociones vía subsidios y subvenciones, calificándolas en algún régimen de protección.
Los empresarios – políticos, los enemigos de lo público, los vilipendiadores de la programación urbanística, exigen a los políticos- empresarios que les salven de la crisis con el dinero de los tributos pagados por todos los ciudadanos.
El eficiente contable Solbes ha dicho, según la prensa, que son ellos los que deben afrontar el problema desacelerando sus negocios y que no hay dinero público para tapar el enorme agujero. Serían palabras sensatas sino fuera porque los negociantes cuentan con todos los ases en su mano en esta partida: todo lo hicieron con el consentimiento de la clase política, que presumía de un crecimiento económico sin precedentes, sólido como el cemento y el hormigón y, además, pusieron una parte del beneficio – por encima y por debajo de la mesa - para sostener al gran aparato político- mediático de la democracia representativa.
Ahora toca devolver el favor. ¡ A pagar !
Continuará.
sábado 10 de mayo de 2008
Gasto sanitario y urbanismo a la carta
Los repetidos gestos de preocupación de los responsables políticos asturianos por el crecimiento del gasto sanitario contrastan con los datos recogidos en el último informe oficial conocido sobre la materia. Nos referimos al documento de más de mil páginas de extensión elaborado por el Grupo de trabajo sobre Gasto Sanitario, integrado por representantes de todas las Comunidades Autónomas del Estado y del Ministerio de Sanidad, publicado íntegramente en la página web de ese ministerio a finales del año 2007.
En el año 2005 – último de la serie a la que se refiere el estudio – el gasto sanitario del conjunto de Comunidades Autónomas representaba el 34,96 % del gasto público, situándose el de Asturias en el 37,20 %, media que también superaban Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla – la Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y la Rioja.
En porcentaje del PIB – indicador por excelencia en el análisis económico del gasto sanitario en cuanto que describe la parte de los recursos económicos que se destinan a la atención sanitaria pública – la media de las Comunidades Autónomas se situaba en el 2005 en el 5,05 % del PIB, siendo la de Asturias algo superior con el 6,44 %, si bien en tendencia descendente respecto de los dos años anteriores ( 6,56 % del PIB en el 2004 y 6,54 en el 2003)
Por lo que se refiere a la clasificación económica del gasto, el porcentaje del componente con mayor peso en el gasto sanitario, que es la remuneración del personal, en el año 2005 representaba el 45,66% del gasto sanitario para el conjunto de las Comunidades del Estado, mientras que en Asturias dicho porcentaje se situaba algo por debajo de la media, en concreto, en el 45,29 %, observándose un descenso continuado en el mismo desde el año 1.999, en el que se cifraba en el 48,91 %
Así expuestas, a grandes rasgos, las cifras económicas de la sanidad asturiana no se antojan como especialmente alarmantes, en particular, en lo que se refiere al permanentemente cuestionado asunto de los gastos de personal, más allá de consideraciones en buena medida comunes al conjunto del Estado y sin perjuicio del análisis pormenorizado que en dicho informe se hace de las medidas de racionalización del gasto sanitario efectuadas en los últimos años por cada una de las Comunidades Autónomas y la valoración que merezcan las desarrolladas por el Principado de Asturias.
¿ Qué ha podido suceder desde el año 2005 a esta parte para que salten, de repente, todas las alarmas? En defecto de otras razones desconocidas, el hecho económicamente decisivo en la materia sanitaria acaecido en ese lapso de tiempo ha sido la adjudicación del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias por un precio de 206 millones de euros, sin perjuicio de ampliaciones posteriores que ya rondan un incremento del gasto del 50 por 100.
Dejando a un lado la decisión política sobre su construcción, cuya necesidad y conveniencia no discutimos ahora, lo que sí debe cuestionarse urgentemente es el proceso de financiación de este trascendental equipamiento, en particular, en relación con las enormes plusvalías económicas generadas por las reclasificaciones de grandes bolsas de suelo en el entorno del mismo. En efecto, la construcción del nuevo Hospital ha sido el elemento detonante de operaciones de urbanización y edificación masivas vinculadas a la propia existencia y actividad del futuro centro sanitario, del tal manera que puede decirse que el aprovechamiento urbanístico de esos suelos no sería tal sin la decisión política previa para la construcción de aquél. Por tanto, en puridad democrática, una parte de las plusvalías económicas que se producen con la recalificación de esos suelos deberían revertir a la sociedad contribuyendo a la financiación de una obra de tal envergadura que amenaza con colapsar la sanidad pública asturiana.
Sin ir más lejos, el área denominada “Prado de la Vega”, con una superficie de 584.324 m2, 0,6 m2/m2 de edificabilidad y un total de 358.855,62 m2 edificables, ha sido desarrollada mediante un Plan Especial aprobado por el Gobierno asturiano en noviembre del año 2004 para edificar un total de 3.442 viviendas, de las cuales 1.396 serán viviendas de precio libre. Lo sorprendente de esta operación es que todo el terreno se obtiene por el sistema de expropiación forzosa, de la cual es beneficiaria la empresa semipública Sogepsa, que se encarga de urbanizar las parcelas para venderlas seguidamente a promotores privados. A los precios que la propia Sogepsa barajaba en el expediente de expropiación, estaríamos hablando de un negocio edificatorio con un precio de venta final superior a los 400 millones de euros, pero si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el precio/m2 de vivienda libre en la zona calculado por la Sociedad de Tasación es bastante superior al modesto precio de mercado de 1.440 euros/m2 – hasta 2.600 euros/m2 -, el monto total del negocio superaría los 500 millones de euros.
Si calculamos un beneficio empresarial medio del 20 %, nos encontraríamos con la cifra escalofriante de 100 millones de euros de beneficios privados sólo en el área de suelo de Prado de la Vega, que tienen su origen en la decisión pública de construir el nuevo Hospital Central de Asturias en la zona, sin exista ni tan siquiera un euro de cesión para contribuir a su financiación.
A esta operación debemos añadir otros desarrollos urbanísticos millonarios en unidades de ejecución de la zona, como la publicitada con el nombre comercial de Torres de Monte Nuño.
Pero recordemos que todo el suelo de Prado de la Vega se adquirió por expropiación forzosa, es decir, que pasaba a ser de propiedad pública antes de venderlo urbanizado a los promotores para consumar el negocio edificatorio. Siendo ello así, ¿qué hubiera impedido a la Administración Pública asturiana promover directamente la edificación y absorber las enormes plusvalías, contribuyendo decisivamente con ello a la financiación del hospital? Y, en su defecto, ¿ por qué no optar por sistemas de desarrollo privados que trasladen a los promotores urbanísticos la carga de contribuir sustancialmente al coste económico del equipamiento público del que derivan sus descomunales beneficios?
¿ Quién decide, entonces, la política urbanística y a qué intereses sirve?
En el año 2005 – último de la serie a la que se refiere el estudio – el gasto sanitario del conjunto de Comunidades Autónomas representaba el 34,96 % del gasto público, situándose el de Asturias en el 37,20 %, media que también superaban Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla – la Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y la Rioja.
En porcentaje del PIB – indicador por excelencia en el análisis económico del gasto sanitario en cuanto que describe la parte de los recursos económicos que se destinan a la atención sanitaria pública – la media de las Comunidades Autónomas se situaba en el 2005 en el 5,05 % del PIB, siendo la de Asturias algo superior con el 6,44 %, si bien en tendencia descendente respecto de los dos años anteriores ( 6,56 % del PIB en el 2004 y 6,54 en el 2003)
Por lo que se refiere a la clasificación económica del gasto, el porcentaje del componente con mayor peso en el gasto sanitario, que es la remuneración del personal, en el año 2005 representaba el 45,66% del gasto sanitario para el conjunto de las Comunidades del Estado, mientras que en Asturias dicho porcentaje se situaba algo por debajo de la media, en concreto, en el 45,29 %, observándose un descenso continuado en el mismo desde el año 1.999, en el que se cifraba en el 48,91 %
Así expuestas, a grandes rasgos, las cifras económicas de la sanidad asturiana no se antojan como especialmente alarmantes, en particular, en lo que se refiere al permanentemente cuestionado asunto de los gastos de personal, más allá de consideraciones en buena medida comunes al conjunto del Estado y sin perjuicio del análisis pormenorizado que en dicho informe se hace de las medidas de racionalización del gasto sanitario efectuadas en los últimos años por cada una de las Comunidades Autónomas y la valoración que merezcan las desarrolladas por el Principado de Asturias.
¿ Qué ha podido suceder desde el año 2005 a esta parte para que salten, de repente, todas las alarmas? En defecto de otras razones desconocidas, el hecho económicamente decisivo en la materia sanitaria acaecido en ese lapso de tiempo ha sido la adjudicación del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias por un precio de 206 millones de euros, sin perjuicio de ampliaciones posteriores que ya rondan un incremento del gasto del 50 por 100.
Dejando a un lado la decisión política sobre su construcción, cuya necesidad y conveniencia no discutimos ahora, lo que sí debe cuestionarse urgentemente es el proceso de financiación de este trascendental equipamiento, en particular, en relación con las enormes plusvalías económicas generadas por las reclasificaciones de grandes bolsas de suelo en el entorno del mismo. En efecto, la construcción del nuevo Hospital ha sido el elemento detonante de operaciones de urbanización y edificación masivas vinculadas a la propia existencia y actividad del futuro centro sanitario, del tal manera que puede decirse que el aprovechamiento urbanístico de esos suelos no sería tal sin la decisión política previa para la construcción de aquél. Por tanto, en puridad democrática, una parte de las plusvalías económicas que se producen con la recalificación de esos suelos deberían revertir a la sociedad contribuyendo a la financiación de una obra de tal envergadura que amenaza con colapsar la sanidad pública asturiana.
Sin ir más lejos, el área denominada “Prado de la Vega”, con una superficie de 584.324 m2, 0,6 m2/m2 de edificabilidad y un total de 358.855,62 m2 edificables, ha sido desarrollada mediante un Plan Especial aprobado por el Gobierno asturiano en noviembre del año 2004 para edificar un total de 3.442 viviendas, de las cuales 1.396 serán viviendas de precio libre. Lo sorprendente de esta operación es que todo el terreno se obtiene por el sistema de expropiación forzosa, de la cual es beneficiaria la empresa semipública Sogepsa, que se encarga de urbanizar las parcelas para venderlas seguidamente a promotores privados. A los precios que la propia Sogepsa barajaba en el expediente de expropiación, estaríamos hablando de un negocio edificatorio con un precio de venta final superior a los 400 millones de euros, pero si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el precio/m2 de vivienda libre en la zona calculado por la Sociedad de Tasación es bastante superior al modesto precio de mercado de 1.440 euros/m2 – hasta 2.600 euros/m2 -, el monto total del negocio superaría los 500 millones de euros.
Si calculamos un beneficio empresarial medio del 20 %, nos encontraríamos con la cifra escalofriante de 100 millones de euros de beneficios privados sólo en el área de suelo de Prado de la Vega, que tienen su origen en la decisión pública de construir el nuevo Hospital Central de Asturias en la zona, sin exista ni tan siquiera un euro de cesión para contribuir a su financiación.
A esta operación debemos añadir otros desarrollos urbanísticos millonarios en unidades de ejecución de la zona, como la publicitada con el nombre comercial de Torres de Monte Nuño.
Pero recordemos que todo el suelo de Prado de la Vega se adquirió por expropiación forzosa, es decir, que pasaba a ser de propiedad pública antes de venderlo urbanizado a los promotores para consumar el negocio edificatorio. Siendo ello así, ¿qué hubiera impedido a la Administración Pública asturiana promover directamente la edificación y absorber las enormes plusvalías, contribuyendo decisivamente con ello a la financiación del hospital? Y, en su defecto, ¿ por qué no optar por sistemas de desarrollo privados que trasladen a los promotores urbanísticos la carga de contribuir sustancialmente al coste económico del equipamiento público del que derivan sus descomunales beneficios?
¿ Quién decide, entonces, la política urbanística y a qué intereses sirve?
jueves 1 de mayo de 2008
El autocontrol de los tramposos
Los ciudadanos de la gran democracia americana acaban de enterarse de que la mitad de la flota de la principal compañía aérea del mundo, la American Airlines, volaba con graves deficiencias de seguridad. Esta aerolínea estaba obliga a cubrir con una funda protectora el cableado de 300 aviones MD-80, para prevenir el peligro de fuego ocasionado por las chispas eléctricas producidas cerca de los depósitos de combustible. Debía hacerlo antes del 5 de marzo pero se pasó el requerimiento administrativo por el forro hasta que un mes después alguien dio la señal de alarma.
Llovía sobre mojado porque poco tiempo antes se había conocido que otra gran compañía aérea, la Southwest Airlines, utilizaba 46 aviones con fracturas en el fuselaje y sin la preceptiva inspección.
Un congresista indignado achacó el descontrol en la seguridad aérea del Imperio a que la autoridad federal de aviación (FAA) – la administración competente en el ramo de la aeronáutica – mantenía relaciones de complicidad con las compañías aéreas. En concreto, el Sr. Oberstar – que así se apellida el congresista estupefacto que cayó del guindo -, acusaba a la FAA de tratar a las grandes empresas aeronáuticas como clientes y de disponer tan sólo de 3.000 inspectores para supervisar la flota estadounidense, cuando muy probablemente 50.000 inspectores fueran aún insuficientes para ello.
Quizá sin pretenderlo el congresista demócrata estaba poniendo el dedo en la llaga: la Administración Pública aeronáutica trabajaba al servicio de los intereses económicos de las grandes compañías aéreas.
Los que conocemos desde hace años el sentido y alcance de esta identificación absoluta entre el Estado y la economía, observándola en la práctica – y no sólo por haberlo leído en un libro o escucharlo de boca de algún santón subvencionado o sin estimulación -, anotamos un caso más en la larga cuenta de los sacrificios colectivos de la salud, la integridad física e incluso la vida de las personas a la acumulación de ganancias de los explotadores. Muy pronto, la realidad socioeconómica española nos obsequió con otro caso “a la americana”: un descontrol supuestamente inexplicable en la seguridad de una central nuclear, que fue conocido por la autoridad pública competente casi cinco meses después de haber ocurrido.
El 4 de abril el Consejo de Seguridad Nuclear – organismo público competente en la materia – recibió notificación de la central nuclear de Ascó I sobre una fuga radiactiva producida el 26 de noviembre. Al parecer, parte del contenido de la piscina con agua radiactiva fue absorbida y propagada por una de las chimeneas de la central en forma de partículas radiactivas sobre un radio de difícil determinación.
Si la fuga es un simple incidente con mínimas repercusiones para la salud de la población de la zona, ¿ cómo explicar el secuestro de la notificación oficial durante casi cinco meses?
Si por el conocimiento de la noticia sobre el hurto de una barra de pan la Fiscalía debe actuar inmediatamente de oficio; ¿ cuánto tiempo debería tardar el Fiscal General del Estado en iniciar actuaciones de investigación ante la ocultación continuada del segundo incidente nuclear más grave de la historia de España después del incendio de la central de Vandellós I ?
Algunos sindicatos ya han avanzado argumentos sobre causas concurrentes: el accidente es una consecuencia de la política de personal de las empresas, que reducen costes sustituyendo personal propio por subcontratado que va rotando para encontrar siempre el más barato.
Si los hechos trágicos tienden a repetirse normalmente en forma de comedia, el incidente de Ascó I tuvo su secuela bufa cuando el 21 de abril un camión que transportaba chatarra salió de la central con tierra contaminada, viajando 62 km. hasta la chatarrería que gestiona los residuos metálicos no radiactivos. Afortunadamente, la empresa chatarrera disponía de un dispositivo que funcionaba y que detectó la carga contaminada, a diferencia de los aparatos inútiles o inutilizados de la central nuclear.
Ahora los empresarios aeronáuticos y los nucleares – y mañana los de la industria alimentaria – dirán que se trata de hechos aislados y que los primeros interesados en que la seguridad de los procesos industriales sea máxima son ellos mismos.
Mienten, como es evidente. La privatización de la seguridad industrial es uno de los fenómenos más inquietantes y silenciosos de desmantelamiento de la Administración Pública, que se ha consumado de forma inexorable en apenas dos décadas con la cooperación necesaria de gobiernos socialdemócratas y conservadores, de consenso, mediante dos mecanismos complementarios: la cesión de las competencias evaluadoras e inspectoras a entidades privadas pagadas por las empresas inspeccionadas y la delegación en sistemas de autocontrol.
Aquí, de nuevo, la ley de la producción industrial de la decadencia, conforme a la cual la ganancia del empresario depende de la rapidez de la ejecución y de la mala calidad de los materiales, explica de modo incontestable que cuanto menores sean los controles mayor será el beneficio.
En otro momento volveremos sobre las consecuencias de la privatización absoluta y completa de la seguridad industrial. Ahora nos basta con constatar la implantación efectiva del sistema de autocontrol de los tramposos.
Llovía sobre mojado porque poco tiempo antes se había conocido que otra gran compañía aérea, la Southwest Airlines, utilizaba 46 aviones con fracturas en el fuselaje y sin la preceptiva inspección.
Un congresista indignado achacó el descontrol en la seguridad aérea del Imperio a que la autoridad federal de aviación (FAA) – la administración competente en el ramo de la aeronáutica – mantenía relaciones de complicidad con las compañías aéreas. En concreto, el Sr. Oberstar – que así se apellida el congresista estupefacto que cayó del guindo -, acusaba a la FAA de tratar a las grandes empresas aeronáuticas como clientes y de disponer tan sólo de 3.000 inspectores para supervisar la flota estadounidense, cuando muy probablemente 50.000 inspectores fueran aún insuficientes para ello.
Quizá sin pretenderlo el congresista demócrata estaba poniendo el dedo en la llaga: la Administración Pública aeronáutica trabajaba al servicio de los intereses económicos de las grandes compañías aéreas.
Los que conocemos desde hace años el sentido y alcance de esta identificación absoluta entre el Estado y la economía, observándola en la práctica – y no sólo por haberlo leído en un libro o escucharlo de boca de algún santón subvencionado o sin estimulación -, anotamos un caso más en la larga cuenta de los sacrificios colectivos de la salud, la integridad física e incluso la vida de las personas a la acumulación de ganancias de los explotadores. Muy pronto, la realidad socioeconómica española nos obsequió con otro caso “a la americana”: un descontrol supuestamente inexplicable en la seguridad de una central nuclear, que fue conocido por la autoridad pública competente casi cinco meses después de haber ocurrido.
El 4 de abril el Consejo de Seguridad Nuclear – organismo público competente en la materia – recibió notificación de la central nuclear de Ascó I sobre una fuga radiactiva producida el 26 de noviembre. Al parecer, parte del contenido de la piscina con agua radiactiva fue absorbida y propagada por una de las chimeneas de la central en forma de partículas radiactivas sobre un radio de difícil determinación.
Si la fuga es un simple incidente con mínimas repercusiones para la salud de la población de la zona, ¿ cómo explicar el secuestro de la notificación oficial durante casi cinco meses?
Si por el conocimiento de la noticia sobre el hurto de una barra de pan la Fiscalía debe actuar inmediatamente de oficio; ¿ cuánto tiempo debería tardar el Fiscal General del Estado en iniciar actuaciones de investigación ante la ocultación continuada del segundo incidente nuclear más grave de la historia de España después del incendio de la central de Vandellós I ?
Algunos sindicatos ya han avanzado argumentos sobre causas concurrentes: el accidente es una consecuencia de la política de personal de las empresas, que reducen costes sustituyendo personal propio por subcontratado que va rotando para encontrar siempre el más barato.
Si los hechos trágicos tienden a repetirse normalmente en forma de comedia, el incidente de Ascó I tuvo su secuela bufa cuando el 21 de abril un camión que transportaba chatarra salió de la central con tierra contaminada, viajando 62 km. hasta la chatarrería que gestiona los residuos metálicos no radiactivos. Afortunadamente, la empresa chatarrera disponía de un dispositivo que funcionaba y que detectó la carga contaminada, a diferencia de los aparatos inútiles o inutilizados de la central nuclear.
Ahora los empresarios aeronáuticos y los nucleares – y mañana los de la industria alimentaria – dirán que se trata de hechos aislados y que los primeros interesados en que la seguridad de los procesos industriales sea máxima son ellos mismos.
Mienten, como es evidente. La privatización de la seguridad industrial es uno de los fenómenos más inquietantes y silenciosos de desmantelamiento de la Administración Pública, que se ha consumado de forma inexorable en apenas dos décadas con la cooperación necesaria de gobiernos socialdemócratas y conservadores, de consenso, mediante dos mecanismos complementarios: la cesión de las competencias evaluadoras e inspectoras a entidades privadas pagadas por las empresas inspeccionadas y la delegación en sistemas de autocontrol.
Aquí, de nuevo, la ley de la producción industrial de la decadencia, conforme a la cual la ganancia del empresario depende de la rapidez de la ejecución y de la mala calidad de los materiales, explica de modo incontestable que cuanto menores sean los controles mayor será el beneficio.
En otro momento volveremos sobre las consecuencias de la privatización absoluta y completa de la seguridad industrial. Ahora nos basta con constatar la implantación efectiva del sistema de autocontrol de los tramposos.
sábado 29 de marzo de 2008
160 años del Manifiesto del Partido Comunista
“Hoy, el Poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”
Manifiesto del Partido Comunista (1.848) Marx y Engels
Pocos días antes de que las calles de París se llenaran de barricadas en los sucesos revolucionarios de junio de 1.848, vio la luz la primera edición del Manifiesto del Partido Comunista, elaborado por Marx y Engels por encargo de la organización obrera internacional denominada la Liga Comunista. Se trata de un detallado programa teórico-práctico destinado a servir de guía del partido, cuya lectura produce hoy una mezcla incontenible de asombro y entusiasmo por una descripción del mundo que se antoja rabiosamente actual y por la belleza sobria de una prosa sin concesiones a la banalidad.
El fenómeno de la globalización económica aparece perfilado con sus principales rasgos: la creación de un mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de América, la producción y el consumo cosmopolitas, la red universal del comercio vinculada a la expansión constante de los sistemas e infraestructuras de comunicaciones.
Y las consecuencias producidas por aquélla: aglomeración de población en centros urbanos, centralización de los medios de producción y concentración en unas pocas manos y, finalmente, el control del poder público, que actúa como gestor de los intereses económicos del gran capital.
Marx y Engels dibujan con tono épico las crisis periódicas del capitalismo comercial, con su absurda e inconcebible causa, que comienza ahora a resonar de nuevo con la estridencia de las sirenas de guerra: el exceso de producción. La máquina voraz de la economía genera cíclicamente más productos de los que la sociedad puede asumir y consumir y engendra una crisis social que se supera “de dos maneras: destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas y conquistándose nuevos mercados, a la par que procurando explotar más concienzudamente los mercados antiguos. Es decir, que remedia unas crisis preparando otras más extensas e importantes y mutilando los medios de que dispone para precaverlas”
Estas frases del Manifiesto suenan hoy como un texto profético, precisamente cuando empiezan a asomar los síntomas sociales de una crisis inmobiliaria por sobreproducción, integrada en una recesión económica internacional.
La alienación del obrero, que “ es una mercancía como otra cualquiera, sujeta, por tanto, a todos los cambios y modalidades de la concurrencia, a todas las fluctuaciones del mercado”, es ahora la explotación laboral de una clase proletaria universal que vive para trabajar y trabaja para consumir. La inseguridad del salario del obrero industrial sigue siendo hoy la vida insegura, estresante y alienada del trabajador de la sociedad del espectáculo.
Hoy como ayer, como en 1.848, “la existencia y el predominio de la clase burguesa tienen por condición esencial la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos, la formación e incremento constante del capital; y éste, a su vez, no puede existir sin el trabajo asalariado”
Parafraseando a Marx y Engels en su Prólogo a la edición alemana del Manifiesto de 1.872, por mucho que durante los últimos ciento sesenta años hayan cambiado las circunstancias, los principios generales desarrollados en él siguen siendo substancialmente exactos y sólo tendrían que retocarse en algún detalle.
En cuanto a la aplicación práctica de las tesis del Manifiesto, Engels resaltaba en el Prólogo a la edición alemana de 1.890 como “Marx ponía toda su confianza en el desarrollo intelectual de la clase obrera, fruto obligado de la acción conjunta y de la discusión”. Pero ¡ay!, aquí el retroceso resulta desolador, porque no es una exageración afirmar que la clase obrera ha sido completamente desactivada por el capitalismo de consumo y transformada en una masa de espectadores sumisos de una realidad impuesta, que se limita a elegir diariamente entre una gran variedad de mercancías idénticas, una clase uniforme de individuos que se conforma con ver en la pantalla – de televisión, de cine, del ordenador – el modo de vida que le gustaría llevar.
Es un error descomunal postular que ya no existen proletarios, cuando ahora lo son todos los que no pueden disponer libremente de su existencia, es decir, cuando lo son la inmensa mayoría de los trabajadores. La gran paradoja de estos tiempos es que existiendo más proletarios que nunca, haya desaparecido la conciencia de clase. Y allí donde unos grupos de trabajadores se organizan para romper las condiciones de explotación y derribar al tirano, el poder utiliza como arma de combate la invisibilidad del conflicto, por el sólo medio de no hablar de ellos.
Hoy como ayer, se encienden cien, doscientas, mil hogueras de grupos en lucha contra la explotación capitalista. Hace falta coordinar las líneas de fuego, la identidad de intereses, subvertir la oscuridad mediática de los procesos de lucha.
Si como señalan Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista, la burguesía “convirtió en sus servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia”, que perdieron de esta manera las condiciones necesarias para ejercer sus respectivas profesiones con independencia, convirtiéndose en esbirros al servicio de los intereses económicos del poder, hoy el dominio autocrático del mercado ha extendido sus tentáculos también sobre el político de “izquierdas”, que teatraliza una lucha amañada en un escenario de cartón contra sus rivales de la derecha, y sobre el sindicalista institucionalizado, que concierta la paz social con el patrón a cambio de la financiación cuantiosa de su extenso aparato burocrático.
El Manifiesto advierte que la aplicación práctica de sus principios dependerá en todas partes y en todo tiempo de las circunstancias históricas existentes, lo que obliga a repensar las medidas revolucionarias propuestas en el mismo.
De las diez medidas susceptibles de ser aplicadas con carácter más o menos general, según los casos, que se recogen en el Capítulo II del Manifiesto, algunas siguen siendo hoy y aquí especialmente pertinentes:
- Aplicación de la renta del suelo a los gastos públicos
- Fuerte impuesto progresivo
- Abolición del derecho de herencia
- Centralización del crédito en el Estado por medio de un Banco nacional con capital del Estado y régimen de monopolio
Pero sobre todo, habrá que despertar del letargo consumista a todos los descontentos con un sistema que construye la identidad de la personas por medio de la compra compulsiva de objetos. Hoy como ayer, la liberación pasa por el desarrollo intelectual de la clase universal de los descontentos con un sistema alienante , que será ”fruto obligado de la acción conjunta y de la discusión”.
El primer paso es librarse de los políticos y sindicalistas que actúan como intermediarios a sueldo del poder.
Manifiesto del Partido Comunista (1.848) Marx y Engels
Pocos días antes de que las calles de París se llenaran de barricadas en los sucesos revolucionarios de junio de 1.848, vio la luz la primera edición del Manifiesto del Partido Comunista, elaborado por Marx y Engels por encargo de la organización obrera internacional denominada la Liga Comunista. Se trata de un detallado programa teórico-práctico destinado a servir de guía del partido, cuya lectura produce hoy una mezcla incontenible de asombro y entusiasmo por una descripción del mundo que se antoja rabiosamente actual y por la belleza sobria de una prosa sin concesiones a la banalidad.
El fenómeno de la globalización económica aparece perfilado con sus principales rasgos: la creación de un mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de América, la producción y el consumo cosmopolitas, la red universal del comercio vinculada a la expansión constante de los sistemas e infraestructuras de comunicaciones.
Y las consecuencias producidas por aquélla: aglomeración de población en centros urbanos, centralización de los medios de producción y concentración en unas pocas manos y, finalmente, el control del poder público, que actúa como gestor de los intereses económicos del gran capital.
Marx y Engels dibujan con tono épico las crisis periódicas del capitalismo comercial, con su absurda e inconcebible causa, que comienza ahora a resonar de nuevo con la estridencia de las sirenas de guerra: el exceso de producción. La máquina voraz de la economía genera cíclicamente más productos de los que la sociedad puede asumir y consumir y engendra una crisis social que se supera “de dos maneras: destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas y conquistándose nuevos mercados, a la par que procurando explotar más concienzudamente los mercados antiguos. Es decir, que remedia unas crisis preparando otras más extensas e importantes y mutilando los medios de que dispone para precaverlas”
Estas frases del Manifiesto suenan hoy como un texto profético, precisamente cuando empiezan a asomar los síntomas sociales de una crisis inmobiliaria por sobreproducción, integrada en una recesión económica internacional.
La alienación del obrero, que “ es una mercancía como otra cualquiera, sujeta, por tanto, a todos los cambios y modalidades de la concurrencia, a todas las fluctuaciones del mercado”, es ahora la explotación laboral de una clase proletaria universal que vive para trabajar y trabaja para consumir. La inseguridad del salario del obrero industrial sigue siendo hoy la vida insegura, estresante y alienada del trabajador de la sociedad del espectáculo.
Hoy como ayer, como en 1.848, “la existencia y el predominio de la clase burguesa tienen por condición esencial la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos, la formación e incremento constante del capital; y éste, a su vez, no puede existir sin el trabajo asalariado”
Parafraseando a Marx y Engels en su Prólogo a la edición alemana del Manifiesto de 1.872, por mucho que durante los últimos ciento sesenta años hayan cambiado las circunstancias, los principios generales desarrollados en él siguen siendo substancialmente exactos y sólo tendrían que retocarse en algún detalle.
En cuanto a la aplicación práctica de las tesis del Manifiesto, Engels resaltaba en el Prólogo a la edición alemana de 1.890 como “Marx ponía toda su confianza en el desarrollo intelectual de la clase obrera, fruto obligado de la acción conjunta y de la discusión”. Pero ¡ay!, aquí el retroceso resulta desolador, porque no es una exageración afirmar que la clase obrera ha sido completamente desactivada por el capitalismo de consumo y transformada en una masa de espectadores sumisos de una realidad impuesta, que se limita a elegir diariamente entre una gran variedad de mercancías idénticas, una clase uniforme de individuos que se conforma con ver en la pantalla – de televisión, de cine, del ordenador – el modo de vida que le gustaría llevar.
Es un error descomunal postular que ya no existen proletarios, cuando ahora lo son todos los que no pueden disponer libremente de su existencia, es decir, cuando lo son la inmensa mayoría de los trabajadores. La gran paradoja de estos tiempos es que existiendo más proletarios que nunca, haya desaparecido la conciencia de clase. Y allí donde unos grupos de trabajadores se organizan para romper las condiciones de explotación y derribar al tirano, el poder utiliza como arma de combate la invisibilidad del conflicto, por el sólo medio de no hablar de ellos.
Hoy como ayer, se encienden cien, doscientas, mil hogueras de grupos en lucha contra la explotación capitalista. Hace falta coordinar las líneas de fuego, la identidad de intereses, subvertir la oscuridad mediática de los procesos de lucha.
Si como señalan Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista, la burguesía “convirtió en sus servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia”, que perdieron de esta manera las condiciones necesarias para ejercer sus respectivas profesiones con independencia, convirtiéndose en esbirros al servicio de los intereses económicos del poder, hoy el dominio autocrático del mercado ha extendido sus tentáculos también sobre el político de “izquierdas”, que teatraliza una lucha amañada en un escenario de cartón contra sus rivales de la derecha, y sobre el sindicalista institucionalizado, que concierta la paz social con el patrón a cambio de la financiación cuantiosa de su extenso aparato burocrático.
El Manifiesto advierte que la aplicación práctica de sus principios dependerá en todas partes y en todo tiempo de las circunstancias históricas existentes, lo que obliga a repensar las medidas revolucionarias propuestas en el mismo.
De las diez medidas susceptibles de ser aplicadas con carácter más o menos general, según los casos, que se recogen en el Capítulo II del Manifiesto, algunas siguen siendo hoy y aquí especialmente pertinentes:
- Aplicación de la renta del suelo a los gastos públicos
- Fuerte impuesto progresivo
- Abolición del derecho de herencia
- Centralización del crédito en el Estado por medio de un Banco nacional con capital del Estado y régimen de monopolio
Pero sobre todo, habrá que despertar del letargo consumista a todos los descontentos con un sistema que construye la identidad de la personas por medio de la compra compulsiva de objetos. Hoy como ayer, la liberación pasa por el desarrollo intelectual de la clase universal de los descontentos con un sistema alienante , que será ”fruto obligado de la acción conjunta y de la discusión”.
El primer paso es librarse de los políticos y sindicalistas que actúan como intermediarios a sueldo del poder.
martes 26 de febrero de 2008
Chivatos y cotillas
El reino de la libertad de expresión es hoy un ecosistema saturado de chivatos y cotillas. En una sociedad dominada por los secretos – empresariales, políticos, militares, laborales, sexuales...- el principal objetivo del poder, como ya advirtieron en el pasado otros observadores más perspicaces, es convertir a cada individuo en un policía camuflado.
Cuando la finalidad de la vida es competir con el vecino en una carrera estúpida de apariencias, el recurso a la trampa y la mentira pasa a ser la regla del juego y la insidia se legitima como el principal de los méritos. De entre todas las modalidades de insidiosos, la del chivato es la que mejor sirve a los estrategas de la disolución de la libertad individual: el chivato es un individuo doblemente alienado, porque es esclavo de su remordimiento como traidor de clase y, a la vez, sufre al saber que también será objeto de un miserable chivatazo sobre algún secreto propio por parte de otro envidioso competidor al que conoce bien.
En el Estado autoritario la labor de difamación de algunos personajes que se consideraban intolerables se encargaba a profesionales a sueldo integrados en los servicios públicos de policía. En el Estado mercantil, en el que todos los servicios públicos tiene una rama de funcionamiento secreto, cada individuo es sospechoso por pequeñas insignificancias – con quien habla, que ropa lleva, que clase de papel higiénico compra -, incluida la policía de uniforme, por lo que la tarea de espionaje y denigración se ha democratizado: ahora las identidades personales se construyen por la capacidad de manejar información confidencial, verdadera, falsa o amañada, para desacreditar, destruir, desactivar o inhabilitar la personalidad de los conocidos y en esa misión resulta imprescindible la colaboración de todos.
Dentro del conjunto global de los chivatos, el poder distingue entre diversas categorías en función de su influencia y cometidos. De entre todos ellos los más fáciles de descubrir son los falsos radicales, cuya utilización resulta especialmente adecuada para controlar a grupos que pudieran ser verdaderamente peligrosos para el sistema.
A quien manda siempre le será sencillo enganchar a un falso radical: basta con suministrarle algunas migajas a cerca de un secreto importante, para inflar su vanidad y hacerle creer que dispone de información comprometedora o que sabe realmente de que va el asunto y se encuentra en el ajo, aunque esa información pordiosera no suponga, obviamente, descubrir nada esencial y su transmisión como secreto sólo sirva para producir efectos destructivos en la mente del inepto y de su grupo de aduladores.
La identificación de un falso radical no suele ser dificultosa pues casi siempre responde a un doble patrón: de un lado, militará en alguna organización con un halo alternativo y aparentemente rebelde, pero tomará café con algún preboste del aparato de poder, normalmente de segunda fila, y lo hará sin ocultarse, porque ante su clientela utiliza la coartada de que saca información y, por supuesto, no está pringado ( obviamente, la información siempre fluye en sentido contrario, hacia los sumideros del poder); y de otro, porque su actividad de denuncia y supuesto ataque al sistema dominante siempre se dirigirá a un hecho alejado de su círculo íntimo de intereses ( otra país, otro centro de trabajo, ...),pero nunca dentro de su ámbito inmediato de subsistencia, para no comprometer la situación de impunidad de la que goza.
Indudablemente, entre todos los chivatos los más peligrosos siguen siendo los profesionales y ninguno lleva placa, ni usa gorra – como resulta evidente- porque se encuentran bien entrenados, disponen de los medios técnicos más avanzados y actúan desde la sombra. Entre los profesionales, hace tiempo que se encuentran aquellos que se camuflan bajo una actividad y una vida “normal” y descubrirlos se ha vuelto ya una misión imposible.
La noble tarea revolucionaria del pasado consistente en descubrir a un espía camuflado hoy resulta ya más anecdótica que útil. Cuando existían cuerpos especializados de chivatos identificar a alguno de ellos era tarea difícil pero no imposible. Hoy puede desvelarse la identidad de un policía secreto de la vieja escuela, pero esa circunstancia ni resiente, ni altera el sistema de espionaje. Incluso, no resultaría extravagante que en la operación colaboraran otros espías impenetrables en funciones de contrainformación.
Al nuevo revolucionario le toca estrenar procedimientos más sofisticados de actuación, incluyendo las posibilidades que ofrece el desorden informativo de fondo que produce una sociedad de chivatos.
Por su parte, la más amplia categoría de los cotillas es utilizada como potente “locomotora” de chismes, bulos y otras porquerías estupefacientes - incluidos los chistes electrónicos para tontos - y su desaparición exigiría, entre otras medidas drásticas, un apagón televisivo ininterrumpido que abarcara, al menos, a tres generaciones consecutivas de individuos.
Cuando la finalidad de la vida es competir con el vecino en una carrera estúpida de apariencias, el recurso a la trampa y la mentira pasa a ser la regla del juego y la insidia se legitima como el principal de los méritos. De entre todas las modalidades de insidiosos, la del chivato es la que mejor sirve a los estrategas de la disolución de la libertad individual: el chivato es un individuo doblemente alienado, porque es esclavo de su remordimiento como traidor de clase y, a la vez, sufre al saber que también será objeto de un miserable chivatazo sobre algún secreto propio por parte de otro envidioso competidor al que conoce bien.
En el Estado autoritario la labor de difamación de algunos personajes que se consideraban intolerables se encargaba a profesionales a sueldo integrados en los servicios públicos de policía. En el Estado mercantil, en el que todos los servicios públicos tiene una rama de funcionamiento secreto, cada individuo es sospechoso por pequeñas insignificancias – con quien habla, que ropa lleva, que clase de papel higiénico compra -, incluida la policía de uniforme, por lo que la tarea de espionaje y denigración se ha democratizado: ahora las identidades personales se construyen por la capacidad de manejar información confidencial, verdadera, falsa o amañada, para desacreditar, destruir, desactivar o inhabilitar la personalidad de los conocidos y en esa misión resulta imprescindible la colaboración de todos.
Dentro del conjunto global de los chivatos, el poder distingue entre diversas categorías en función de su influencia y cometidos. De entre todos ellos los más fáciles de descubrir son los falsos radicales, cuya utilización resulta especialmente adecuada para controlar a grupos que pudieran ser verdaderamente peligrosos para el sistema.
A quien manda siempre le será sencillo enganchar a un falso radical: basta con suministrarle algunas migajas a cerca de un secreto importante, para inflar su vanidad y hacerle creer que dispone de información comprometedora o que sabe realmente de que va el asunto y se encuentra en el ajo, aunque esa información pordiosera no suponga, obviamente, descubrir nada esencial y su transmisión como secreto sólo sirva para producir efectos destructivos en la mente del inepto y de su grupo de aduladores.
La identificación de un falso radical no suele ser dificultosa pues casi siempre responde a un doble patrón: de un lado, militará en alguna organización con un halo alternativo y aparentemente rebelde, pero tomará café con algún preboste del aparato de poder, normalmente de segunda fila, y lo hará sin ocultarse, porque ante su clientela utiliza la coartada de que saca información y, por supuesto, no está pringado ( obviamente, la información siempre fluye en sentido contrario, hacia los sumideros del poder); y de otro, porque su actividad de denuncia y supuesto ataque al sistema dominante siempre se dirigirá a un hecho alejado de su círculo íntimo de intereses ( otra país, otro centro de trabajo, ...),pero nunca dentro de su ámbito inmediato de subsistencia, para no comprometer la situación de impunidad de la que goza.
Indudablemente, entre todos los chivatos los más peligrosos siguen siendo los profesionales y ninguno lleva placa, ni usa gorra – como resulta evidente- porque se encuentran bien entrenados, disponen de los medios técnicos más avanzados y actúan desde la sombra. Entre los profesionales, hace tiempo que se encuentran aquellos que se camuflan bajo una actividad y una vida “normal” y descubrirlos se ha vuelto ya una misión imposible.
La noble tarea revolucionaria del pasado consistente en descubrir a un espía camuflado hoy resulta ya más anecdótica que útil. Cuando existían cuerpos especializados de chivatos identificar a alguno de ellos era tarea difícil pero no imposible. Hoy puede desvelarse la identidad de un policía secreto de la vieja escuela, pero esa circunstancia ni resiente, ni altera el sistema de espionaje. Incluso, no resultaría extravagante que en la operación colaboraran otros espías impenetrables en funciones de contrainformación.
Al nuevo revolucionario le toca estrenar procedimientos más sofisticados de actuación, incluyendo las posibilidades que ofrece el desorden informativo de fondo que produce una sociedad de chivatos.
Por su parte, la más amplia categoría de los cotillas es utilizada como potente “locomotora” de chismes, bulos y otras porquerías estupefacientes - incluidos los chistes electrónicos para tontos - y su desaparición exigiría, entre otras medidas drásticas, un apagón televisivo ininterrumpido que abarcara, al menos, a tres generaciones consecutivas de individuos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
